Declaración institucional de Fundación Juan Bonal en solidaridad con el pueblo de Venezuela

04/08/2017

Declaración institucional de Fundación Juan Bonal en solidaridad con el pueblo de Venezuela.

En este comunicado Fundación Juan Bonal pone una vez más de manifiesto su compromiso y acción ofreciéndose como cauce y expresión de solidaridad para con los más pobres y necesitados que están sufriendo el desamparo e incertidumbre que produce la actual situación política, social y económica en Venezuela.

En este sentido condenamos la:

1-Acción represiva y brutal de las fuerzas de seguridad del Estado.

En cualquier situación de crisis, la respuesta gubernamental debe fundamentarse siempre en la protección de la vida. Éste, es un principio que obliga a todos los Estados que operan desde una perspectiva de “Derechos Humanos”. En la actualidad, los agentes policiales y militares han ejercido una fuerza desmesurada, brutal e injustificada contra los manifestantes terminando con la vida de más de un centenar de jóvenes. Son las fuerzas de seguridad quienes tienen la obligación de velar por la vida de los ciudadanos y un Estado de derecho no puede reclamar de éstas ningún tipo de servicio que vaya en contra de este principio. El uso desorbitado de la fuerza, la criminalización de los manifestantes, las detenciones masivas y la privación de libertades sin criterio legal contra la población es una violación grave de los derechos fundamentales de la persona.

En este escenario, la muerte de estos jóvenes es un asesinato que obliga a la comunidad internacional a tomar cartas en el asunto para detener y juzgar bajo las garantías del marco legal a todos sus responsables.

“En 122 días de protestas han muerto 121 personas y hay 1.958 lesionados en las manifestaciones ocurridas en el régimen de Nicolás Maduro. Estamos en presencia de violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos y no lo voy a tolerar. Lo seguiré denunciando. Venezuela no se merece esto. El Ministerio Público trabaja en 36.124 investigaciones por corrupción”. Luisa Ortega, Fiscal General del Estado.

2-Proclamación unilateral y partidista de una Asamblea Constituyente…

… como instrumento antidemocrático conformado por 545 diputados (territoriales, sectoriales, campesinos, pescadores, empresarios, discapacitados, pensionistas, pertenecientes a consejos comunales y de sindicatos y gremios profesionales así como de comunidades indígenas), sin embargo un gran porcentaje de los mismos son miembros del partido del gobierno, aliados o simpatizantes. El objetivo es dinamitar la Constitución de 1999 redactada por Hugo Chávez y posicionar una Carta Magna que desplace a los miembros de la actual Asamblea Nacional, de mayoría opositora y elegidos democráticamente. La propia fiscalía del Estado así como la mayoría de países de la comunidad internacional han desconocido esta acción cuyo único objeto es perpetuar en el poder al gobierno de Maduro impulsando así un régimen dictatorial.

La votación promovida por Maduro arroja saldos muy dispares. El gobierno cifra en más de 8 millones los votos obtenidos mientras que los conteos realizados por la Mesa de la Unidad Democrática data en 2,8 millones. Por otra parte hay irregularidades reconocidas por la propia empresa de conteo electrónico de votos Smartmatic, quien no da cifras exactas pero valora en 1 millón de votos los anotados irregularmente. De los votos contados se valora que un 25% aproximadamente de papeletas están en blanco, cifra que se atribuye a los empleados del gobierno quienes estaban obligados a acudir a votar o en caso contrario perder su trabajo.

3-Encarcelación de varios dirigentes políticos de la oposición.

“Antes la libertad de Venezuela que la mía” dijo Leopoldo López recientemente. El opositor se ha convertido en símbolo de la lucha por la libertad. Pero esta situación no afecta solo a López, la lista de presos políticos asciende a 167 (Foro Penal de Venezuela, mayo de 2017), todos ellos condenados a penas de entre 1 y 30 años por el SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, es decir, por la policía política y por ello eludiendo cualquier tipo de derecho fundamental, entre ellos; el derecho de expresión y opinión, el derecho de presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales e independientes o el derecho a un juicio justo entre otros.

Se trata de 167 familias desechas que viven bajo una cultura del miedo y la tensión al saber de torturas y tratos inhumanos y degradantes a sus seres queridos.

4-Ausencia de libertades en los medios de comunicación.

Según la Constitución (Art 57), “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos…”, estableciendo así la libertad como un derecho fundamental. Sin embargo, los medios de comunicación están vigilados, coartados y ven sus intereses manipulados por el gobierno. Por poner tan solo algunos ejemplos, los periódicos carecen de papel para imprimir sus diarios ya que la importación y venta del mismo es un monopolio regulado por el Estado. Así, los periódicos anti-régimen han tenido que reducir su tirada e incluso el tamaño. Otros que eran de difusión diaria se han visto obligados a emitir semanalmente. 

En cuanto a las televisiones, basta recordar que Venezuela era uno de los países de mayor producción de telenovelas (conocidas como “culebrones” de varios cientos de capítulos) porque existían varias cadenas privadas, muchas contrarias a los intereses del régimen chavista. Hoy, el gobierno obliga a todas las televisiones a emitir los discursos de Nicolás Maduro, a veces de varias horas, varios días a la semana y teniendo que interrumpir su programación cada vez que el presidente desea hablar. 

En internet, el gobierno tiene poderes para bloquear cualquier página web. Así lo ha hecho con medios como CNN o Dólar today.
Por otro lado, se han documentado 376 casos de agresiones a periodistas por parte de las fuerzas de seguridad y la Guardia Nacional Bolivariana y aun hoy, hay 33 detenciones ilegales de trabajadores de los medios de comunicación (Reporteros sin Fronteras, día del periodista en Venezuela 27 de junio de 2017)

5-Incapacidad del Estado para atender las necesidades de la población.

Derechos básicos como son la facilidad para obtener alimentos o medicamentos están totalmente dilapidados. El 75% de los venezolanos ha perdido al menos 9 kilos de peso, mientras que Nicolás Madura argumenta que esto es debido a que disponen de una alimentación “más sana”. La escasez es un obstáculo para que la población disponga de una alimentación más sana. Pero no solamente se cifra el caos en pérdida de peso. Los menores de 5 años sufren la mayor parte. Es fácil ver por las calles de Caracas, casos de mareos por la extrema carencia de nutrientes. 

Es intolerable que el gobierno no autorice a las instituciones privadas del país y a ONGs que trabajan en la zona para poder ingresar alimentos, medicinas y organizar redes de distribución ante una población que experimenta casos de muertes por falta de productos que en cualquier país son básicos de necesidad. 

En el año 2014 la pobreza alcanzaba al 46% de los venezolanos. Hoy supera el 86%. Es fácil ver y oír testimonios en las redes sociales de víctimas de esta brutal represión: “Nos están matando”.

Desconocemos si es acertado el catálogo de sanciones que la comunidad internacional está imponiendo sobre Venezuela. Tememos que el pago de estas sanciones recaiga en la población y no en los responsables. Quien conoce Venezuela sabe que hay dos países diferentes: uno del poder que ostenta lujos y vive en la opulencia y otro del pueblo, sencillos habitantes que en muchos casos se encuentran en una “escombrera” y viven de los desechos de otros.

Es irresponsable para cualquier gobernante permitir que su población infantil acuda en masa a los vertederos de las ciudades para conseguir “alimentos” y es deleznable, que hoy, ya, estos espacios sean incluso aprovechados por mafias para aprovecharse de la situación mediante el engaño y abuso de los más pequeños. Los hospitales se encuentran en bancarrota. No hay medicinas y quien necesita de una intervención quirúrgica debe conseguir todos los elementos necesarios para ser operado: guantes, gasas, aguja, hilo, etc… además, por supuesto, de los antibióticos y sueros. Los profesionales de la medicina reclaman al gobierno los equipamientos necesarios para poder ejercer su trabajo: “salvar vidas” aunque, hoy, un gran número de enfermos mueren en sus camillas por falta de todo.

En base estos hechos, reclamamos de la Comunidad Internacional:

1-Que condene al Gobierno de Venezuela por ejercer un abuso sistemático de poder en contra de sus ciudadanos y califique las acciones de la represión ejercida como “crímenes de Estado”.

2-Que obligue a dicho gobierno a disponer un corredor de ayuda humanitaria que permita llegar a la población necesitada para acopiarle de víveres y agua para paliar los casos más graves de desnutrición.

3-Que obligue a dicho gobierno a permitir el acceso a los hospitales y permita a las ONGs de capacitación médica para poder prestar servicios de colaboración y ayuda con los profesionales del país en beneficio de los enfermos con riesgo vital.

4-Que actúe de forma clara, unívoca e inequívoca contra todo tipo de actos que vayan en contra de la democracia y elección de un pueblo, actuando en favor de los diputados elegidos democráticamente por el pueblo de Venezuela así como de las instituciones de derecho.

5-Que promueva y obligue al gobierno de Nicolás Maduro a realizar unos comicios democráticos que permitan al pueblo elegir a sus dirigentes de forma democrática y libre restableciendo los derechos, desencarcelando a los presos políticos y profesionales de la comunicación y restableciendo las propiedades privadas usurpadas de forma ilegal en estos años.

Nuestro objetivo fundacional reside en la persona, en el fomento de su libertad, el derecho a una escolarización temprana, alimentación y disposición de instrumentos de salud.  En este sentido trabajan las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, misioneras que acompañan, sufren y comparten el sufrimiento del pueblo venezolano. 

La presente declaración se firma en Madrid a 4 de agosto de 2017

Luis López
Director de Marketing de Fundación Juan Bonal